Después de treinta años de firma masiva de Tratados de Libre Comercio (TLC) en la región, sabemos que estos tratados no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (donde quedan incluidos salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, las inversiones y también las cláusulas que posibilitan a los inversores extranjeros a demandar al país en centros arbitrales internacionales de resolución de controversias como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así mayor desempleo. Se trata además de acuerdos que se negocian en total secreto y sin ningún acceso de la sociedad civil a los borradores de los textos.
Pasadas esas tres décadas, los Tratados de Libre Comercio pasaron a formar parte de las discusiones en varios sectores de la sociedad, sobre todo entre las organizaciones territoriales que se ven directamente afectadas por los megaproyectos extractivistas. Hoy el discurso sobre transición energética quiere imponer una presumida urgencia acerca de la liberalización comercial que y, por ende, la necesidad de firmar más tratados a fin de facilitar el acceso a los recursos estratégicos necesarios para esa transición
A pesar de parecer una cuestión meramente comercial, la discusión sobre la apertura a los mercados extranjeros a partir de mecanismos de firma de acuerdos comerciales tiene mucho más que ver con una necesidad de un acondicionamiento de las corporaciones y de apropiación de recursos por parte de los países con mayor poder de negociación que con la llamada cooperación internacional para el desarrollo de todas las partes involucradas.
En el caso de América Latina y el Caribe, estos recursos son mayoritariamente de orden primario, es decir quebse traducen en la exportación de granos, ganado, metales y minerales críticos, tierras raras y otros bienes sin valor agregado. En el caso de los países desarrollados, son los productos manufacturados y con alto desarrollo tecnológico los que son ofrecidos a cambio, pero no con igualdad de condiciones.
En esta relación desigual decimos que hay una asimetría, y que los países proveedores de materias primas no sólo están obligados a reafirmar su lugar de subalternidad y dependencia frente a los países desarrollados, sino que esta relación impide el propio desarrollo prometido como consecuencia de una mayor apertura comercial.
Mientras que el discurso internacional habla de una transición necesaria hacía energías limpias frente a la actual crisis climática y ambiental, lo que se proponen como soluciones son las tecnologías de mercado. Ello profundiza la disputa por los territorios ricos en recursos por parte de las mega corporaciones, y la invención de alternativas que ya demostraron ser efectivamente negativas desde una perspectiva de energías limpias, como es el caso del hidrógeno verde, para citar un ejemplo.
Hoy, el momento histórico en Argentina nos permite ver de forma nítida que no hay, por parte de los gobiernos, preocupaciones por las consecuencias sociales, económicas y políticas de la firma de tratados de libre comercio. Mientras el país se encuentra con graves problemas económicos, en gran parte resultado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los países centrales y sus corporaciones se aprovechan para avanzar con las negociaciones de tratados con un gobierno abiertamente negacionista del cambio climático, como es el caso del Acuerdo Mercosur-UE.
Este posicionamiento comercial implica también un nuevo rol de la Argentina en la política regional. La nueva agenda marca el desentendimiento del país frente a los procesos de integración regional vigentes como el UNASUR o la CELAC. Observamos que el rol que Argentina toma en la región tiende a exacerbar la competencia entre los Estados, en lugar de desarrollar la complementariedad y la integración solidaria.
Conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos como pueblo, no podemos aceptar que un puñado de empresas transnacionales y los países del Norte decidan nuestro destino. Entendemos que una transición hacía un mundo ecológicamente sostenible y socialmente más justo es el reto más importante de nuestro tiempo, pero también sabemos que eso sólo será posible si las políticas a aplicar puedan garantizar la justicia social y económica.
La intención de la agenda del gobierno es la atracción indiscriminada de inversiones, otorgándoles seguridad jurídica vía los TLC. Pero hoy sabemos que las inversiones extranjeras que llegaron han tenido impactos sociales y ambientales profundos. Por ello nos alerta la propuesta del gobierno de atracción de inversiones sin garantizar que estén obligadas a respetar los derechos humanos y ambientales.
Los acuerdos de comercio e inversión son una amenaza no solo a los pueblos del Sur, sino que también son un obstáculo al desarrollo de alternativas justas. Al adoptar las políticas de mercado, queda borrado toda posibilidad de construcción de soluciones democráticamente debatidas y socialmente analizadas para generar un resultado donde nadie se quede afuera. Y al fin y al cabo, queda más de lo mismo: concentración y acumulación de capital, pero ahora «teñidos de verde».
Por ello decimos que no hay transición justa con tratados de libre comercio. Cualquier que sea el proyecto de construcción de un mundo sustentable, si es corporativo no es justo.
Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y ambientalistas, además de organizaciones de MiPyMe, que adherimos a este espacio conocemos el libre comercio y sus efectos. Fuimos parte de la lucha contra el ALCA, y hemos alertado de los efectos nocivos de los TLC, que ponen los derechos de las empresas extranjeras por encima de las necesidades de los pueblos. Es en este espíritu que hemos articulado la Asamblea “Argentina mejor sin TLC”, uniéndonos a las actuales campañas continentales contra Acuerdo Mercosur-UE y contra los TLC que se negocian en la región, y convocamos a nuevas organizaciones a sumarse para accionar contra el libre comercio.