Organizaciones de América Latina y aliadas internacionales difundieron una declaración dirigida al gobierno de Gustavo Petro en la que exigen avanzar en la salida de los tratados de libre comercio y los mecanismos de arbitraje internacional que otorgan privilegios a las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de los pueblos y la protección de los territorios.
Señores Gobierno de Colombia
Presidente Gustavo Petro Urrego
Las organizaciones de base ambientalistas populares de América Latina y organizaciones aliadas internacionales, reunidas en Bogotá, Colombia, los días 21 y 22 de abril de 2026, hemos compartido las experiencias de las graves amenazas que representan las demandas interpuestas por empresas transnacionales ante tribunales de arbitraje transnacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Estos dispositivos menoscaban y amenazan la protección de los derechos humanos, la Tierra y la soberanía de nuestros Estados, mediante condenas que afectan el Agua, el Ambiente y los Territorios, así como las finanzas públicas destinadas a la inversión social para mejorar la calidad de vida de los Pueblos. Por ello se convierte en una obligación constitucional salirse de estos acuerdos internacionales, que amenazan Territorios como el Páramo, Bosques y Ríos de Santurbán, fuente de Agua regional y sumidero de carbono esencial para mantener el equilibrio climático Andino-Amazónico.
A su vez, en un contexto de crisis vital, climática y fiscal, y de cara a la «primera conferencia para la transición más allá de los combustibles fósiles» en Santa Marta manifestamos que la «transición energética justa» no podrá ser una expansión energética en favor de la acumulación codiciosa y a costillas del exterminio de la Tierra y sus Territorios. Por ello, hemos acordado avanzar hacia una transición desextractivista, y solicitar de manera unánime lo siguiente:
1. Denunciar el Tratado de Libre Comercio TLC suscrito con Canadá para desmantelar su sistema de protección a las inversiones que amenazan el Agua y Santurbán.
2. Denunciar los TLC y TBI existentes y abstenerse de suscribir nuevos tratados y acuerdos internacionales que contemplen el sistema de protección a las inversiones. En este sentido, exigimos a los gobiernos latinoamericanos construir una respuesta regional ante estas amenazas.
3. Conformar una comisión auditora con participación social y popular para evaluar los impactos de los tratados y acuerdos de protección a la inversión sobre la garantía de derechos humanos, ambientales, y el impacto fiscal ocasionado.
4. Prescindir totalmente de la inversión extranjera directa en actividades extractivistas de minerales críticos y estratégicos, negocios verdes y agronegocio, reorientando la economía hacia la soberanía, el cuidado de la vida, los bienes comunes y la justicia ambiental.
5. Priorizar el cumplimiento de la normatividad y las sentencias que garanticen los derechos humanos y la protección de la Naturaleza, por encima de laudos internacionales que promueven el interés económico de empresas transnacionales.
Atentamente,
Organizaciones firmantes:
Comité para la defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, Colombia.
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras.
Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida MASSVida, Honduras.
Movimiento indígena Maya Peninsular, México.
Quito sin Minería, Ecuador.
Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, Ecuador.
ATTAC Argentina, Argentina.
Instituto Transnacional TNI, Holanda.
Asamblea Argentina mejor sin TLC, Argentina.
TerraJusta, Bolivia
Derechos Humanos y Medio Ambiente DHUMA – Puno, Perú
El Observador gt, Guatemala
Protection International Mesoamérica.
Red Peruana por una Globalización con Equidad RedGE, Perú.
Guerreros del Mar, Donoso Colón, Panamá
Colectivo SUBVERSIÓN, Argentina.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, Chile.
Centro de Estudios Heñoi, Paraguay.
Instituto de Estudios Políticos IPS – Programa de Economía Global, EEUU.
Asociación Adopta El Bosque Panamá ADOPTA, Panamá.
Servicio Paz y Justicia SERPAJ, Argentina.
Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, Bolivia.
Colectivo Bayanao, Panamá.