Boletín N° 2 del Observatorio del RIGI. Tras el segundo año de implementación del RIGI, examinamos cómo el Decreto 105/2026 modificó su trayectoria. Ponemos foco en la expansión de los proyectos extractivos y la profundización de procesos de desregulación ambiental, concentración económica y conflictos territoriales.
El segundo año del RIGI, analizado por quince especialistas
A dos años de la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa ingresó en una nueva etapa. El triunfo oficialista en las elecciones legislativas de 2025 redujo la incertidumbre política sobre su continuidad y, pocos meses después, el Decreto 105/2026 amplió su alcance al incorporar los proyectos de extracción de hidrocarburos. A partir de estos cambios, la cartera de inversiones se aceleró hasta superar los 40 proyectos y los 138.000 millones de dólares comprometidos.
Con este cambio de escala, el perfil del régimen se volvió más evidente. Lejos de diversificar la estructura productiva, el RIGI concentró sus beneficios principalmente en dos sectores: la expansión de los hidrocarburos —en particular, mediante proyectos desarrollados en Vaca Muerta, un sector que ya exhibía un fuerte dinamismo— y la gran minería, que desde hace décadas cuenta con un régimen específico de promoción.
En contraste, otras actividades contempladas entre los objetivos del propio RIGI, como el turismo, la siderurgia, la tecnología, la forestoindustria, la infraestructura y la energía, registran pocos avances o directamente no presentan proyectos. El resultado es una cartera fuertemente concentrada en actividades extractivas, que reactualiza viejos debates sobre la dependencia de las economías primario-exportadoras, la conflictividad socioambiental, la generación de empleo y los efectos desiguales sobre la distribución del ingreso.
El RIGI expresa un cambio de paradigma en la gobernanza de los bienes comunes. La estabilidad fiscal por treinta años, la reducción del margen regulatorio del Estado y la ampliación de las garantías otorgadas a las grandes corporaciones modifican el equilibrio entre el interés público y el privado, y limitan la capacidad estatal para adaptar sus políticas frente a desafíos futuros.
En este sentido, el debate ya no se limita a cuánto capital atraerá el RIGI, sino que también alcanza una cuestión más profunda: qué margen de decisión conservará la sociedad argentina y en qué medida podrá aprovechar sus bienes comunes durante las próximas décadas.