Durante más de 20 años, Argentina fue el país con la mayor cantidad de demandas de inversores ante tribunales de arbitraje internacionales a nivel mundial. Además, posee el número más alto de tratados bilaterales de inversión en vigor en toda América Latina y el Caribe. Recientemente, el gobierno del autoproclamado anarco-capitalista Javier Milei redobló la apuesta, ampliando los derechos de los inversores a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga derechos extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, incluyendo la capacidad de demandar al Estado en el arbitraje internacional. Las consecuencias podrían ser una nueva avalancha de demandas arbitrales y el incremento del endeudamiento externo.
EL UNIVERSO DE TRATADOS DE PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES DE ARGENTINA
Argentina es el país de la región con más Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) en vigor, y se encuentra entre los primeros treinta a nivel mundial. Casi la totalidad de los TBIs fueron firmados durante los años noventa (46) bajo el gobierno de Carlos Menem.2 Estos tratados incluyen una serie de cláusulas que otorgan una protección extraordinaria a los inversores extranjeros, como Trato Nacional, Trato Justo y Equitativo, Trato no discriminatorio y Expropiación directa e indirecta. El modo de solución de controversias que incluyen estos TBIs es mediante el mecanismo inversor-Estado, que habilita que las demandas contra el Estado sean ante tribunales de arbitraje internacionales, saltando la justicia nacional. Mientras que en los TBIs los inversores cuentan con derechos extraordinarios, estos mismos tratados no incluyen ningún requisito de desempeño para los inversores; es decir que, en los tratados, éstos cuentan con todos los derechos, sin ninguna obligación, salvo las existentes en las leyes nacionales.
El mecanismo de arbitraje inversor-Estado ha sido de uso exclusivo para los inversores extranjeros hasta la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en 2024, el cual extendió este privilegio a los grandes inversores nacionales en sectores de energía, minería e hidrocarburos (entre otros).
Publicado por Transnational Institute, Amsterdam, Octubre 2025.
